El sistema penitenciario de California se encuentra en una encrucijada. Décadas de políticas draconianas han conducido a tasas de encarcelamiento sin precedentes, especialmente de personas de color y personas con discapacidades significativas. A raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en la que se declaraba que el hacinamiento en las prisiones violaba la Constitución federal, el poder legislativo y el gobernador de California han decidido introducir cambios estructurales que pretenden reducir de forma permanente el número de personas recluidas en prisiones estatales y centros de menores.