Hoy, la Corte Suprema de California ordenó al Secretario de Estado que se abstenga de tomar cualquier medida que coloque la llamada "Ley de Protección al Contribuyente y Responsabilidad Gubernamental" (también conocida como la Ley de Engaño al Contribuyente) en la boleta electoral de noviembre. La Corte dictaminó que la medida habría impuesto cambios tan radicales a nuestro sistema de gobierno que solo podría promulgarse a través de una revisión de la Constitución de nuestro Estado, no una iniciativa electoral. La medida, apoyada por promotores inmobiliarios y propietarios adinerados, habría requerido que todas las acciones estatales que recauden fondos sean aprobadas por una mayoría de dos tercios de los votos de la Legislatura, tengan un plazo determinado, se coloquen en la boleta electoral y reciban una mayoría de votos populares. Además, habría amenazado con deshacer medidas vitales ya promulgadas que se remontan a enero de 2022, incluido el mecanismo de financiación para una mejora crítica del programa de licencia familiar y médica pagada de California que aumentará las tasas de beneficios al 90% para los asalariados de salarios medios a bajos a partir del 1 de enero de 2025.
"Estamos agradecidos de que la Corte haya puesto fin a esta medida inconstitucional y peligrosa. Ahora California puede continuar enfocándose en apoyar a las familias y cumplir con las funciones esenciales del gobierno", dijo Katie Wutchiett, abogada sénior del Programa de Trabajo y Familia.
Legal Aid at Work y las organizaciones asociadas presentaron un informe amicus curiae ante la Corte Suprema de California argumentando que la medida alteraría de manera inadmisible nuestra estructura de gobierno y pondría en peligro servicios esenciales como la licencia familiar y médica pagada, lo que llevaría a consecuencias devastadoras para la salud y el bienestar de las familias y las personas con discapacidades. Lea nuestro informe amicus curiae aquí y la decisión de la Corte aquí.