En 2012, con el apoyo de la American Bar Association, la Legislatura de California promulgó la AB 2122, una ley que exige que el administrador del examen de admisión a las facultades de Derecho (LSAT) proporcione adaptaciones a los examinandos con discapacidad que las necesiten, y que cese su práctica de "marcar" las puntuaciones del LSAT obtenidas con adaptaciones.