Una coalición nacional presiona al Tribunal Supremo para que vea el caso DACA/DAPA

Legal Aid Society-Employment Law Center es uno de los 224 grupos de todo el país, incluyendo organizaciones legales, sindicatos y grupos de servicios sociales, que están pidiendo al Tribunal Supremo de Estados Unidos que escuche un caso presentado en 2014 por 26 estados liderados por Texas sobre las reformas migratorias de la administración Obama.

Los 224 grupos argumentan en su escrito de amicus curiae, presentado el 1 de diciembre, que las reformas que el presidente Obama anunció hace un año ayudarán a millones de personas que ya viven y trabajan legalmente en Estados Unidos, al abrir una vía a la residencia legal permanente para sus padres. Relacionadas con el programa para personas que llegaron a EE.UU. de niños, conocido como DACA (por Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), las reformas amplían DACA y se dirigen a los inmigrantes cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. 

A principios de noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. confirmó una orden judicial contra las reformas, en su última sentencia en el caso Texas contra EE.UU. El Departamento de Justicia de EE.UU. ha instado al Tribunal Supremo a programar el caso rápidamente para que pueda llegar a una decisión antes de junio de 2016. 

El Distrito de Columbia, 15 estados y 73 alcaldes y funcionarios de condado de todo el país han expresado su firme apoyo a las reformas.

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El 1 de diciembre, el Tribunal Supremo dio a Texas y a los 25 estados con los que colabora ocho días más para responder al recurso del DOJ, en lugar del mes que habían solicitado. El nuevo plazo del 29 de diciembre significa que, si el tribunal decide conocer del caso, de gran carga política, podría dictar sentencia antes de junio, cuando aún se están celebrando las primarias presidenciales, según SCOTUSblog.

Es importante señalar que el recurso se refiere únicamente a las reclamaciones estatutarias de los Estados. Lo que está en juego es si los Estados están legitimados en el caso en virtud del artículo III de la Ley de Procedimiento Administrativo, que rige la forma en que los organismos federales proponen y aplican los reglamentos.

El recurso no aborda las objeciones constitucionales de los 26 estados a las reformas migratorias.

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