Hoy, el Tribunal Supremo de California ha dictaminado que la condición de inmigrante de un trabajador no cercena su derecho a estar protegido por las mismas leyes laborales que amparan a todos los que están empleados en este estado, incluidas las situaciones en las que el empleado puede haber utilizado documentos falsos para obtener su empleo.
En Salas contra Sierra Chemical Co., Vicente Salas presentó una demanda de derechos civiles contra Sierra Chemical, su antigua empresa, alegando que se había negado a adaptarse razonablemente a una lesión de espalda que había sufrido en el trabajo, y que después le despidió a causa de su discapacidad y como represalia por haber presentado una reclamación de indemnización por accidente laboral.
Sin embargo, en vísperas del juicio, Sierra presentó una declaración de una persona de Carolina del Norte que afirmaba ser el titular del número de la Seguridad Social que el Sr. Salas había utilizado para obtener un empleo en Sierra. Basándose únicamente en esa declaración, los tribunales inferiores dictaminaron que el Sr. Salas no estaba autorizado a trabajar, que no podía presentar demandas por discriminación porque supuestamente había falseado su situación legal, y desestimaron su caso.
El Tribunal Supremo de California ha determinado ahora que las decisiones de los tribunales inferiores eran erróneas. Al hacerlo, el Tribunal reafirmó acertadamente un estatuto de 2002 promulgado por la Legislatura de California, el SB 1818, que reconoce explícitamente que los derechos y recursos laborales previstos por la legislación estatal de California se aplican a todos los trabajadores con independencia de su estatus migratorio. El Tribunal también rechazó el argumento de Sierra de que el supuesto uso por parte del Sr. Salas de un número de la Seguridad Social que no le pertenecía debería impedirle presentar sus demandas por discriminación, afirmando que sostener lo contrario "inmunizaría a los empleadores que, en violación de la política estatal fundamental", discriminan o toman represalias contra los trabajadores que hacen valer sus derechos contra las injusticias en el lugar de trabajo.
Es importante destacar que el Tribunal también rechazó la alegación del empresario de que la defensa de las leyes laborales estatales entraba en conflicto con la ley federal de inmigración, observando que permitir a los empresarios contratar y explotar impunemente a trabajadores inmigrantes aumentaría de hecho la inmigración indocumentada, contrariamente a la intención del Congreso cuando, en 1986, promulgó un sistema de sanciones contra los empresarios que contrataran a sabiendas a trabajadores indocumentados.
Christopher Ho, de la Legal Aid Society - Employment Law Center, uno de los abogados del Sr. Salas y que defendió el caso ante el Tribunal, declaró: "Esta es una poderosa reafirmación de la política pública primordial de nuestro estado de proteger enérgicamente contra los abusos en el lugar de trabajo, y del principio de que los trabajadores inmigrantes tienen derechos que no pueden ser subvertidos por las defensas de los empleadores que les permitirían explotar a los trabajadores con total impunidad. Proteger a los empleados más vulnerables en los centros de trabajo de nuestro Estado contribuye a garantizar que se respeten las condiciones de todos los trabajadores."
Ahora, seis años después de que presentara la primera demanda, el Sr. Salas puede por fin tener su día en los tribunales.