La EEOC ha publicado la tan esperada revisión final de sus directrices sobre discriminación por origen nacional, actualizando las políticas para abordar los nuevos problemas en el lugar de trabajo. A instancias de la coalición nacional de grupos de derechos civiles organizada por LAS-ELC, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE.UU. aceptó una amplia aportación de los defensores que trabajan con personas -especialmente inmigrantes recientes- que han sufrido discriminación relacionada con su país de origen o el de su familia, o con características personales estrechamente vinculadas a un lugar de origen.
La Guía de aplicación sobre discriminación por origen nacional que la EEOC publicó el 21 de noviembre aborda cuestiones como las represalias contra los trabajadores indocumentados, las políticas de "hablar sólo en inglés", la trata de seres humanos y los prejuicios contra los empleados de confesión musulmana. Está disponible en el sitio web de la EEOC.
La guía actualizada, culminación de un esfuerzo de cuatro años de LAS-ELC y sus socios, es notable por las muchas maneras en que la EEOC aclaró y reforzó sus posiciones sobre cómo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege a los trabajadores de las prácticas de los empleadores que discriminan a los empleados por su origen nacional. Entre otras cosas, reafirma que puede presumirse que las normas de "hablar sólo en inglés" perjudican a esos trabajadores y deben ser anuladas, a menos que el empresario pueda demostrar objetiva y fácticamente que son necesarias. Las directrices subrayan que tales normas no pueden justificarse simplemente en respuesta a las preferencias de los compañeros de trabajo o de los clientes de oír hablar únicamente en inglés.
Las directrices establecen que la amenaza de un empleador de denunciar a las autoridades de inmigración la falta de autorización de empleo de un trabajador puede constituir una represalia ilegal por la reivindicación del derecho del trabajador a no ser discriminado. Las directrices advierten a los empleadores contra las prácticas de contratación basadas en los números de la Seguridad Social de los solicitantes, que pueden perjudicar especialmente a los trabajadores inmigrantes. Señala cómo el tráfico de mano de obra puede entrelazarse con la discriminación. Y establece que la discriminación contra personas que son -o se percibe que son- de religión musulmana constituye "discriminación por origen nacional".