Veintitrés trabajadoras inmigrantes que impugnaron los exámenes de aptitud de inglés anunciaron un acuerdo en su histórico caso federal de derechos civiles contra una gran empresa multinacional. En el curso de dos viajes a la Corte Suprema de EE.UU., Rivera v. Nibco, Inc. creó importantes precedentes legales nacionales y fortaleció los derechos de los trabajadores inmigrantes a presentar demandas por abuso laboral contra sus empleadores. Los términos del acuerdo son confidenciales.
"El equipo legal de Rivera está absolutamente encantado por nuestros 23 clientes en este caso que fueron absolutamente firmes durante más de una década en su búsqueda de justicia", dijo el abogado principal de la Sociedad de Ayuda Legal-Centro de Derecho Laboral (LAS-ELC) Christopher Ho, abogado principal de los demandantes. "Lo que lograron no sólo fue una gran victoria para ellos como individuos, sino para todos los trabajadores inmigrantes que pueden sufrir discriminación y otras violaciones de sus derechos legales".
Todas las demandantes son mujeres inmigrantes que hablan español, hmong, lao o jemer como lenguas maternas. Alegaron que fueron despedidas arbitrariamente por el demandado en el caso, Nibco, Inc. debido a su limitado dominio del inglés.
Martha Rivera, principal demandante en el caso, declaró: "Estamos muy contentos de que, después de 13 años, hayamos ganado esta batalla contra la discriminación que creemos que se cometió contra nosotros. Este resultado demuestra lo que pueden hacer los trabajadores inmigrantes cuando defienden sus derechos. Siempre tuve fe en que si nunca nos rendíamos, obtendríamos la justicia que hemos estado buscando."
"Este es el caso más importante que he llevado en mi carrera jurídica", dijo el codefensor William J. Smith. "Me siento orgulloso y honrado de haber representado a estos meritorios demandantes y de estar asociado con LAS-ELC y las demás organizaciones que lucharon por la justicia para estos trabajadores. Y la justicia ha prevalecido".
La demanda de Rivera, presentada en 1999, alegaba que Nibco, una multinacional con sede en Elkhart (Indiana), discriminó ilegalmente a las trabajadoras latinas y del sudeste asiático de su planta de fabricación de sistemas de riego de Fresno cuando las despidió de puestos de trabajo que habían desempeñado satisfactoriamente durante años porque no habían obtenido el 100% de puntuación en una prueba escrita improvisada sobre sus conocimientos de inglés. Después de que Nibco rechazara los esfuerzos por llegar a un acuerdo, LAS-ELC y otras organizaciones de derechos civiles presentaron el caso ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de California, alegando que Nibco había discriminado a los trabajadores por su origen nacional y su limitado dominio del inglés, violando tanto el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 como la Ley de Empleo y Vivienda Justos de California.
El litigio Rivera inició el primero de sus dos viajes al Tribunal Supremo de EE.UU. en 2001, después de que Nibco intentara obligar a los demandantes a revelar su condición de inmigrantes durante sus declaraciones. Los demandantes solicitaron una orden de protección que impidiera a Nibco hacer tales preguntas, argumentando que dicha información no sólo era irrelevante para el caso, sino que podría tener un efecto intimidatorio que disuadiría a los demandantes, y a otros trabajadores inmigrantes como ellos, de ejercer sus derechos laborales. El Tribunal de Distrito concedió la orden de protección y rechazó en dos ocasiones los intentos de Nibco de anularla. Nibco recurrió entonces ante el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito.
El Noveno Circuito confirmó por unanimidad la orden de protección. En una decisión de 2004 que ha sido ampliamente citada y reafirmada por numerosos tribunales federales, el panel de tres jueces razonó que "conceder a los empleadores el derecho a investigar la situación de inmigración de los trabajadores en casos como éste les permitiría plantear implícitamente la amenaza de deportación y enjuiciamiento penal cada vez que un trabajador, documentado o indocumentado, denuncie prácticas ilegales o presente una demanda en virtud del Título VII. De hecho, [ ] innumerables actos de conducta ilegal y reprobable quedarían sin denunciar". Posteriormente, Nibco solicitó al Tribunal Supremo de EE.UU. que anulara la sentencia del Noveno Circuito. El Tribunal denegó la revisión en 2005.
El caso Rivera fue a juicio en octubre de 2008. Durante la selección del jurado, Nibco eliminó, o "tachó", a tres posibles jurados latinos. Aunque los demandantes se opusieron a esas tres exclusiones por considerarlas indebidamente basadas en la etnia de los miembros del jurado, el tribunal denegó esas objeciones. Después de que el jurado emitiera un veredicto de defensa, los demandantes apelaron ante el Noveno Circuito, argumentando que las exclusiones de Nibco privaron inconstitucionalmente a esos posibles miembros del jurado de la oportunidad de servir debido a su origen étnico. En 2010, el Noveno Circuito les dio la razón, declarando que Nibco había eliminado intencionadamente al menos a uno de los miembros latinos del jurado con fines discriminatorios, y concedió a los demandantes un nuevo juicio. En 2011, el Tribunal Supremo de EE.UU. denegó de nuevo la revisión. Poco después se llegó a un acuerdo extrajudicial.