En una continuación de su decisión anterior en Torres v. Precision Industries, Inc., el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Sexto Circuito confirmó la conclusión de un tribunal inferior de que un trabajador indocumentado que fue despedido porque presentó una reclamación de indemnización de los trabajadores tenía derecho a daños compensatorios y punitivos, así como el pago parcial retroactivo, como recursos para su despido injustificado. Legal Aid at Work presentó un segundo escrito de apelación en apoyo del demandante, argumentando que la ley federal de inmigración no priva a los trabajadores indocumentados de las protecciones de la ley estatal contra las represalias del empleador. El Sexto Circuito volvió a estar de acuerdo con el análisis de LAAW.
Precision Industries, fabricante de convertidores de par para transmisiones automáticas, contrató a Ricardo Torres en 2011 sin utilizar un formulario I-9 para verificar su autorización para trabajar en Estados Unidos, como estaba legalmente obligado a hacer. Después de lesionarse en el trabajo, el Sr. Torres trató de presentar una reclamación de indemnización laboral, pero Precision lo despidió. El tribunal de distrito declaró que el jefe de producción de Precision dijo al Sr. Torres que "se largara de aquí...". . . Sabes muy bien por qué. Junta tus **** y lárgate". El Sr. Torres interpuso entonces una demanda por represalias contra Precision con arreglo a la ley estatal de Tennessee.
Aunque el tribunal de distrito desestimó inicialmente el caso del Sr. Torres, razonando que la Ley federal de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) prevalecía sobre su demanda basada en la ley estatal de Tennessee "porque surgía de una relación laboral ilegal", cambió de postura después de que el Sexto Circuito le ordenara determinar primero si Precision había infringido la ley de Tennessee. Después de que el tribunal de distrito determinara que Precision sí había infringido la ley, Precision presentó su propia apelación ante el Sexto Circuito.
En su segunda decisión, de 22 de abril de 2021, el Sexto Circuito rechazó el argumento de que la ley federal de inmigración impedía al Sr. Torres recibir una compensación económica por su despido improcedente. En su lugar, confirmó la ley de Tennessee porque, como ha declarado el Tribunal Supremo, "los Estados poseen una amplia autoridad en virtud de sus poderes policiales para regular la relación laboral con el fin de proteger a los trabajadores dentro del Estado." Dado que las indemnizaciones compensatorias y punitivas concedidas al Sr. Torres no dependían en modo alguno de su condición de inmigrante, el Sexto Circuito consideró que no entraban en conflicto con la ley federal de inmigración. El tribunal de Torres también le concedió el pago retroactivo correspondiente al tiempo posterior a que el Sr. Torres obtuviera la autorización para trabajar.
"La decisión del Sexto Circuito es una victoria significativa para el Sr. Torres y los trabajadores indocumentados de todo el país que se enfrentan a represalias cuando hacen valer sus derechos en el lugar de trabajo", dijo Marisa Díaz, abogada principal de LAAW, que fue la autora principal del informe amicus curiae de LAAW en la segunda apelación de Torres. "El estatus migratorio de un trabajador no debería determinar los recursos a los que tiene derecho. Gracias a los esfuerzos del Sr. Torres, el Sexto Circuito confirmó que los trabajadores indocumentados tienen derecho a importantes recursos monetarios cuando se violan sus derechos."
LAAW representó a una amplia coalición de más de 20 defensores regionales de los derechos de los inmigrantes que comparecieron como amici curiae, incluida la Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition y Latino Memphis. El caso es Torres v. Precision Indus, Inc., 995 F.3d 485 (6th Cir. 2021).