La decisión de hoy del Tribunal Supremo en el caso Janus contra AFSCME, por cinco votos a cuatro, anula 40 años de derecho establecido. La decisión, cuyo objetivo es restar poder a los trabajadores de los centros de trabajo públicos, no tiene nada que ver con la obligación de hablar. Tiene todo que ver con el uso de la Primera Enmienda como arma para privar de poder a los empleados públicos. Como dijo elocuentemente la jueza Kagan: "la Primera Enmienda fue pensada para cosas mejores".
Seguiremos luchando junto a todos los trabajadores para hacer cumplir y reforzar las leyes que los protegen, aunque el Tribunal Supremo, el Congreso y la Casa Blanca sigan socavándolas a cada paso.