por Elaine Chen
El 30 de junio de 2026, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) anunció que había derogado las directrices fundamentales relativas a los planes voluntarios de acción afirmativa en el ámbito laboral. Además de eliminar la directriz sobre acción afirmativa de la Comisión, vigente desde 1979, la agencia suprimió la sección 607 del Manual de Cumplimiento de la EEOC, en vigor desde 1981, que explicaba cómo se pueden aplicar legalmente los planes de acción afirmativa en el lugar de trabajo. La presidenta de la EEOC, Andrea Lucas, ha intentado justificar estas medidas alegando que dichas fuentes de autoridad eran incompatibles con el Título VII y con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Es importante señalar que la derogación de estas directrices por parte de la EEOC no modifica la ley en modo alguno. Los empleadores pueden seguir aplicando programas de acción afirmativa acordes con dichas directrices, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, establecida desde hace tiempo, que la EEOC no tiene competencia para invalidar. La principal —y grave— consecuencia de estas revocaciones es que los empleadores ya no podrán beneficiarse de dichas directrices para garantizar que los programas de acción afirmativa que pongan en marcha cumplan con la ley, y que no se enfrentarán a responsabilidades legales por sus esfuerzos por rectificar los efectos de la discriminación laboral histórica y estructural y por crear plantillas diversas y altamente cualificadas.
La medida de la EEOC constituye otro ejemplo más de los ataques generalizados de la Administración Trump contra las iniciativas que refuerzan los derechos civiles y la visibilidad en el ámbito laboral de los grupos marginados. De hecho, el actual régimen de Trump se ha esforzado por cumplir su promesa de eliminar las políticas públicas y privadas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), prohibir los libros que contengan material relacionado con la raza, el racismo y las cuestiones LGBTQ+ en los distritos escolares públicos, y ordenar a las agencias que cuestionen un marco jurídico que históricamente ha sido clave para el avance de la legislación contra la discriminación en el ámbito laboral.
A pesar de que la EEOC afirme que se trata de un retorno a las protecciones antidiscriminatorias«ciegas al color», esto entra en contradicción con décadas de jurisprudencia y movimientos por los derechos civiles que lucharon para que un sistema históricamente opresivo fuera más equitativo y accesible para todos. No hay forma de evaluar y corregir la privación histórica de derechos de las comunidades minoritarias a través de una perspectiva «ciega al color». Como señaló el exjuez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Blackmun: «Para superar el racismo, primero debemos tener en cuenta la raza. No hay otra forma. Y para tratar a algunas personas de forma igualitaria, debemos tratarlas de forma diferente».
Aunque es indudable que las revocaciones de la EEOC complicarán la situación de los empresarios de todo el país que aún deseen poner en marcha o mantener planes voluntarios de acción afirmativa, la normativa del estado de California sigue permitiendo a los empresarios aplicar dichos programas en determinadas circunstancias. Legal Aid at Work condena esta medida de la EEOC y se solidariza con los trabajadores pertenecientes a minorías que puedan verse injustamente afectados por las acciones de la agencia.